El costo de este faenón será altísimo para el país. Venderemos a un dólar lo que después, en su equivalente energético de barril de petróleo, deberemos comprar a 84 dólares. Esto significará un gasto mayor en energía importada ascendente a 43 mil millones de dólares en los próximos 20 años.
La exportación, además, es ilegal, tal como lo dijo hace un año Alan García y hoy lo olvida. Se hace en base a modificaciones del contrato original del lote 88 y al contrato del lote 56 que fueron autorizados, por el gobierno de Alejandro Toledo, por una norma de menor jerarquía que pretendía cambiar leyes y festinar trámites. Asimismo, el actual gobierno aprista, fiel continuador del entreguismo del anterior, además de permitir que continúe la exportación, autoriza de manera ilegal, para traer a la costa el gas que se va a exportar, el uso de un gaseoducto que fue construido con la plata de todos los peruanos -vía un aumento en el recibo de luz– y cuyo fin era traer el gas para el consumo interno.
No hay entonces aquí, como dice el gobierno de Alan García, “contratos que respetar” porque el contrato original del lote 88 ya fue violado en su momento y el contrato del lote 56 se hizo contra las leyes del Perú. Por ello, respetuosos del Estado de Derecho debemos aplicar las leyes peruanas que señalan la prioridad del mercado interno con un horizonte permanente de 20 años, procediendo a la exportación únicamente cuando se satisfaga la demanda nacional del largo plazo.
El Partido Nacionalista Peruano señala que el destino del gas debe ser parte de una política de Estado de soberanía energética que permitirá desarrollarnos ganando competitividad y productividad. Parte de esta política es repotenciar Petroperú como la empresa estatal que, al igual que en los países productores de energía, lidere la exploración y explotación del gas y el petróleo.
El Partido Nacionalista reafirma sus propuestas para formar un Frente Nacional en Defensa del Gas y establecer una política de masificación para su uso, establecer un polo petroquímico en el sur del país y buscar una alianza estratégica con Bolivia y Brasil sobre el tema energético. Asimismo, apoya la construcción del Gasoducto Andino por ser una necesidad, dentro de la Seguridad Nacional, y plantea garantizar el abastecimiento de gas para el mercado interno, principalmente para el consumo doméstico, automotriz, las industrias nacionales y la generación de electricidad.
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